«En España se cumple la normativa antidopaje y es intención del ministro de Educación, Cultura y Deporte reforzar esa ley en la medida de lo posible. Desde el Ejecutivo vamos a defender la autenticidad de los logros de nuestros deportistas», enfatizó la vicepresidenta y ministra de la Presidencia y Portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, en referencia a los vídeos de Canal Plus Francia que cuestionan los títulos de Rafa Nadal, de Contador e incluso de la selección de fútbol.
Según la vicepresidenta, si se analiza las condenas por este tipo de conductas se concluye que España «está muy por debajo de la media europea». «Nuestros deportistas se lo ganan a pulso. Muchos de ellos son un ejemplo de superación y de defensa de su país allá donde van», apostilló antes de avanzar que Mariano Rajoy se verá la próxima semana con los últimos ganadores de la Copa Davis.
Agradece el Gobierno que los deportistas potencien «eso que se llama marca España», y cree que «por ello todos nos sentimos muy orgullosos». Se comprometió a ayudarles en la medida en que se lo pidan y la legislación lo permita. «Defenderemos al deporte en su conjunto y también la labor de esos deportistas que están haciendo país y poniendo a España en los lugares donde queremos volver a estar en todos los ámbitos», insistió Santamaría.
Confirmó la vicepresidenta que el Gobierno se ha puesto en contacto con las autoridades francesas para quejarse sobre los ataques de algunos medios de comunicación del país vecino. «Me consta que ellos tampoco ven con buenos ojos que se produzcan este tipo de debates porque a todos los países nos interesa un deporte auténtico y con valores fuertes», explicó.
En concreto, el CSD, presidido por Miguel Cardenal, envió el jueves una carta al Ministerio de Deportes de Francia para expresar su queja y disgusto por los guiñoles.
En este sentido, el ministro español de Educación Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, dio por zanjada la polémica con Francia tras participar en el Consejo de Ministros del ramo en el seno de la Unión Europea. «Se trata de un asunto localizado y de una desafortunadísima intervención de una empresa privada, a través de programas de televisión», concluyó Wert en Bruselas.
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